El consejo local de Izquierda Unida de Bornos difundió el 2 de septiembre de 2011 un comunicado en el que dice que “el Gobierno central del PSOE dejará de pagar a 2.514 municipios por no auditar 2010; entre ellos, el de Bornos. La obligación está en la Ley de Economía Sostenible, que retendrá los ingresos derivados de la recaudación de impuestos ya en octubre a todos los ayuntamientos que el 31 de marzo no hubieran liquidado el ejercicio fiscal de 2010. El Gobierno central envió una carta abriendo una prórroga que expiró el 31 de julio. Ese tiempo extra iba acompañado de una carta a cada administración local que con membrete y firma de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y la Entidades Locales explicitaba el ultimátum, y este gobierno municipal de Bornos no lo tuvo en cuenta. Por lo tanto, IU entiende que es una responsabilidad compartida, tanto del anterior equipo de gobierno del PP, considerando que es una irresponsabilidad gravísima en su gestión, y del actual equipo de gobierno del PSOE, encabezado por Juan Sevillano, siendo una muestra de la dejadez con la que dirige a nuestro pueblo y no de la falta de personal que parece aludir este equipo de gobierno. El actual alcalde sigue sin remitir las liquidaciones del año pasado, con lo que en octubre ya no recibirán su participación de los impuestos hasta que pongan orden en su contabilidad”.
El comunicado de IU añade: “Los tributos del Estado suponen casi el 50% del presupuesto anual del ayuntamiento de Bornos, y por lo tanto retener ese dinero significaría un daño irreparable para las arcas municipales. IU exige al gobierno del PSOE de Bornos que de una vez auditen sus cuentas y los ejercicios para que envíen la información al ministerio, como exige la ley, para así ponerse al día y a cambió podrán recibir los fondos que nos corresponden del estado.
El Ayuntamiento de Bornos ha incumplido durante meses el artículo de la Ley de Economía Sostenible que obligaba a liquidar el ejercicio 2010 en el primer trimestre de este año. No se liquido su presupuesto antes del 31 de marzo y ni se aprovecho la prórroga concedida hasta el 31 de julio para poner en orden su tesorería.
De cumplir la amenaza, el Gobierno central, el Ayuntamiento de Bornos en el mes de octubre puede que no tendrá efectivo para pagar las nóminas de sus trabajadores. Y todo por hacer las cosas mal el gobierno anterior del PP y este del PSOE. IU, solicitará y presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento de Bornos, una moción en la que se pida una moratoria al gobierno central para evitar el desastre económico de este Ayuntamiento. Una moratoria o plazo que llegue a final del año, para que este gobierno, que no hace sus deberes, pueda cumplir y así evitar el desastre económico o la bancarrota total del ayuntamiento de Bornos”.
Despilfarro
El grupo municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Bornos difundió el 23 de agosto de 2011 un comunicado en el que “considera que no es comprensible que el equipo de gobierno municipal recorte en cuestiones que afectan a los empleados municipales y a los servicios básicos que debe prestar el Ayuntamiento. Por el contrario, el Partido Socialista derrocha el dinero público en el pago de favores electorales, demostrando que no gobierna para todos”. Como ejemplos, IU señala “la subida salarial de más de 3.000 euros anuales que ha realizado a un único trabajador del Ayuntamiento, mientras que el resto cobra sus nóminas con más de 15 días de retraso. De igual forma, existen trabajadores de carácter temporal que llevan años sin cobrar lo que le corresponde, y en ocasiones, incluso sufren el desprecio del alcalde y el primer teniente de alcalde”. <!–more–> Igualmente, IU ha solicitado información sobre la cantidad exacta que costaría la suelta de vaquillas en la feria del Coto de Bornos, que ascendería a miles de euros.
Según IU, este tipo de espectáculos habían sido eliminados por las restricciones presupuestarias hace varios años, y por ello, existe malestar entre asociaciones y vecinos del Coto de Bornos por incidir en este gasto, sin haber cubierto necesidades fundamentales como la del pago de los trabajadores o la contratación de un mayor número de trabajadores destinadas para la ayuda a la dependencia.