Junta y Ayuntamiento de Arcos colaboran en medidas judiciales para reeducar a los menores

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera va a colaborar con la Junta de Andalucía en la aplicación de medidas judiciales de régimen abierto acordadas por los juzgados para aquellos menores que hayan cometido alguna infracción, según informó la Delegación de la Junta en Cádiz el 26 de marzo de 2013. Estas medidas consistirán en “prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y actividades reparadoras a favor de la sociedad y que estos jóvenes realizarán en el municipio arcense”.

Firma del convenio.
Firma del convenio.

En un comunicado difundido el 26 de marzo de 2013, la Junta informó: “El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, y el alcalde de Arcos, José Luis Núñez, han firmado hoy el convenio que compromete a ambas partes en esta iniciativa que contribuye a la labor educativa del joven a su resocialización. Este convenio propicia además que los jóvenes puedan realizar estas tareas en el propio entorno territorial y social donde comparte valores, gustos y tendencias, y en el que habitan él y su familia.
La prestación del servicio en beneficio de la comunidad es una de las medidas judiciales, de las denominadas de medio abierto, que se pueden imponer a los jueces de menores a los jóvenes infractores. Esta decisión judicial tiene carácter voluntario y se traduce en acciones siempre relacionadas con el interés social o el beneficio de personas en situación de precariedad. Durante el pasado año se desarrollaron un total de 227 medidas en beneficio de la comunidad en la provincia de Cádiz.
Estas actividades no son retribuidas y, además, bajo ninguna condición podrán atentar a la dignidad del menor, comportando además un contenido educativo y resocializador orientado a su desarrollo integral. Las actividades que desarrollan los menores son de carácter social o comunitario, en el ámbito de la seguridad vial, la atención a personas mayores o con discapacidad, y la limpieza de parques y jardines, fundamentalmente.
La tarea socioeducativa incluye la realización de alguna actividad de contenido educativo, destinada igualmente al desarrollo del menor. Por su parte, las reparaciones en favor de la sociedad derivan del proceso de conciliación y se traducen, por lo general, en actividades análogas o similares a las prestaciones en beneficio de la comunidad.
El Ayuntamiento de Arcos ya venía colaborando con la Junta de Andalucía desde el año 2003 en esta materia y ahora vuelve a renovar este compromiso con la firma del nuevo acuerdo, en el que se concreta la ejecución de estas medidas. El pasado año se ejecutaron 21 medidas impuestas a menores de Arcos y en lo que llevamos del año 2013 se están ejecutando 7.
Este convenio, que no comporta ninguna contraprestación económica, tiene como finalidad la colaboración institucional para la educación y reinserción social de los menores infractores, mediante una intervención en su entorno que contribuya a la prevención de conductas de riesgo.

Un 80% de no reincidencia
El último estudio realizado por la Junta y la Universidad de Almería constata que la efectividad de la reeducación de los menores infractores en Andalucía alcanza un índice muy alto, ya que la tasa de no reincidencia tras finalizar la ejecución de una medida judicial supera el 80%.
El conjunto de medidas de carácter socioeducativo contempladas en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores tienen por finalidad que el menor comprenda, durante su cumplimiento, que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta.
Con estas medidas se pretende que el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo.
La colaboración que se presta a través de este convenio permite que la intervención que se hace con estos menores se reoriente hacia una toma de conciencia del mal que su acto ha provocado, de la necesidad de reparar el daño y de la obligación de respetar los valores de la comunidad”.

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