El Juzgado Instrucción número uno de Arcos de la Frontera ha archivado la denuncia que el PSOE de Bornos presentó contra el actual alcalde y senador por el Partido Popular, Fernando García, así como el resto de componentes que conformaban la junta de gobierno local en el anterior mandato, según informó el PP en un comunicado difundido el 12 de enero de 2011. La denuncia se formuló a través de la fiscalía anticorrupción de la Audiencia Provincial, acusando Sevillano al alcalde popular de corrupción urbanística y haberse beneficiado de un verdadero pelotazo urbanístico. Sin embargo el tribunal considera que la actuación llevada a cabo por el primer edil es total y absolutamente correcta y legal y en ningún momento se han perjudicado los intereses municipales. Los hechos se remontan al mes de diciembre de 2005, cuando la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Bornos, compuesta por el alcalde y concejales de la coalición PP-PA, adjudicó mediante concurso público a la empresa Cincel de Inmuebles, S.L. un solar municipal en el Coto de Bornos destinado a la construcción de 75 viviendas de VPO, por precio de cien mil euros más IVA. La empresa adjudicataria además de pagar ese precio, tenía que correr con los gastos de urbanización de los terrenos, ya que los mismos se encontraban en situación de rústicos. Según valoración de los servicios técnicos municipales, los costes de urbanización se estimaban en 847.339,47 euros, que unidos a los 100.000 de la venta, elevaban el valor del suelo a 947.339,47 euros. Sin embargo, para el secretario local del PSOE, Juan Sevillano, ese precio estaba muy por debajo del valor real, y acusó al alcalde y resto de ediles de haber beneficiado a la empresa adjudicataria e incurrido en un flagrante caso de pelotazo y corrupción urbanística. La denuncia dio lugar a la incoación en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Arcos de la Frontera del procedimiento de Diligencias Previas 495/08, en las que el juez recabó la emisión de una valoración pericial por parte de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía. Éste órgano, tras un pormenorizado y detallado informe, ha concluido que el valor de los terrenos en cuestión es de 76.772,19 euros, por debajo por tanto del precio de adjudicación de 100.000 euros, y estima que es aceptable el valor adoptado por el Ayuntamiento. Según el PP, "la resolución judicial y archivo del caso, supone un jarro de agua fría al PSOE de Bornos, especialmente para su secretario Juan Sevillano, quien recientemente ha cumplido los seis años y un día de inhabilitación al que fue condenado por el Tribunal Supremo por un caso de corrupción urbanística".

              
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El Área de Planificación de Infraestructuras de la Diputación de Cádiz informó el 10 de enero de 2011 de que la carretera que une las poblaciones de Algar y El Bosque (CA-6107) "se encuentra actualmente en buen estado, con una señalización vertical y horizontal adecuada, y no existe en la misma ningún tramo de concentración de accidentes". Diputación ha llevado a cabo obras de mantenimiento en esta vía por un importe de 1.110.931 euros desde el año 2006, fecha en la que fue incluida en el catálogo de carreteras de la Institución Provincial. Según la Diputación, "la CA 6107 es una carretera concebida para el uso de los vecinos, que pueden acceder a las fincas de la zona. El tráfico actual en la misma es inferior a los 250 vehículos diarios. Las características de la vía implican que sus elementos funcionales estén pegados al terreno, lo que supone un plus de peligrosidad con respecto a las carreteras de primer orden, como autovías y autopistas. La sección de la misma es de 7,5 metros de plataforma asfaltada durante sus 16,9 kilómetros".

              
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El Distrito de Atención Primaria Sierra de Cádiz ha culminado en la comarca la implantación de la historia de salud digital, cuyo desarrollo es posible gracias a la aplicación informática Diraya, según informó la Consejería de Salud el 5 de enero de 2011. La historia de salud digital permite sustituir las historias clínicas tradicionales en atención primaria por una historia de salud digital única, lo que posibilita a los profesionales sanitarios que asisten a un mismo paciente tener acceso a la información clínica en cualquier centro sanitario de la geografía andaluza. El hecho de poder consultar los datos de una historia, independientemente de dónde se esté atendiendo al paciente, es posible gracias a que Diraya permite unificar la información. La integración en Diraya de Benaocaz, con 731 habitantes, Torre Alháquime, con 849, y Villaluenga del Rosario, con 479, tres de los municipios más pequeños de la Sierra, ha permitido al distrito que todos sus usuarios en la Sierra disfruten de las ventajas de la historia de salud digital, como pedir citaron el médico por Internet, Salud Responde o SMS.

              
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Un total de 36 familias de Espera recibieron el 29 de diciembre de 2010 los proyectos de rehabilitación de sus viviendas durante un acto celebrado en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento de este municipio, y ante la presencia del alcalde, Pedro Romero. Dichos proyectos les permitirán iniciar en breve las obras de mejora que necesitan los inmuebles. Para ello, los vecinos beneficiarios dispondrán de 178.029 euros de ayuda de Obras Públicas y Vivienda, Consejería que también ha asumido el coste de la redacción de los proyectos y los honorarios de los arquitectos y arquitectos técnicos que asumirán la dirección de las obras. Los trabajos que han de ejecutarse alcanzan un presupuesto de 355.058 euros y consistirán en la modernización de las instalaciones de abastecimiento de agua, alcantarillado y electricidad e impermeabilización de cubiertas y fachadas para garantizar la estanqueidad de las viviendas. También se contemplan actuaciones encaminadas a redistribuir el espacio interior de los inmuebles y aumentar las dimensiones de las estancias, así como de mejora de la iluminación natural y ventilación de los mismos. En algunos casos habrá que ejecutar obras de seguridad estructural.

              
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El alcalde de Olvera, Fernando Fernández, y el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Pablo Lorenzo, entregaron el 20 de diciembre de 2010 los proyectos de rehabilitación autonómica de viviendas, correspondientes al Programa de rehabilitación autonómica del año 2008, a medio centenar de familias olvereñas. La entrega se realizó en la Casa de la Cultura de la localidad y los beneficiarios podrán solicitar en la oficina de urbanismo del Ayuntamiento de Olvera las licencias de obra para ejecutar los proyectos de mejora en sus hogares. Las obras previstas por estas cincuenta familias de Olvera alcanzan un presupuesto de 556.581,74 euros, de los que 285.163,79 euros serán abonados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en concepto de ayuda, además de los honorarios de la dirección técnica (arquitecto y arquitecto técnico). Con estas ayudas, los vecinos de Olvera podrán solucionar las deficiencias o desperfectos detectados en sus viviendas, mediante la renovación de las instalaciones de agua, luz y saneamiento, redistribución de espacios para conseguir una mayor habitabilidad, mejora de la iluminación interior de los inmuebles y estanqueidad frente a las lluvias. Estas ayudas fueron objeto de demanda en distintas ocasiones por el Ayuntamiento de Olvera, por la gran demora sufrida, al tratarse de ayudas aprobadas hace dos años. El alcalde de Olvera, Fernando Fernández, mostró su satisfacción porque finalmente los vecinos hayan recibido los proyectos. No obstante, el regidor demandó a la Consejería una mayor diligencia en un futuro en la tramitación de estas ayudas, a la vez que recordó "todo lo que el Ayuntamiento de Olvera ha tenido que luchar para que los vecinos las recibiesen". Finalmente, Fernández señaló que "los vecinos han echado en falta una pequeña disculpa o por los menos justificación por la demora de las mismas".

              
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El colectivo Ecologistas en Acción difundió el 20 de diciembre de 2010 un comunicado en el que afirma que "la demolición del edificio construido en Grazalema en el cauce del río Guadalete ha sido un paripé". Según este grupo, "el Juzgado anuló la licencia de obras", por lo que el inmueble "debe demolerse en su totalidad". Los ecologistas explican: "El pasado 4 de noviembre el Ayuntamiento de Grazalema anunciaba a bombo y platillo que 'la empresa expedientada Inmocentral RTS 2.025 S.L. demuele por orden del Ayuntamiento la parte de la construcción ubicada en Plaza de la Asamblea'. Pues bien, la demolición se ha reducido a una esquina del edificio ilegal, quedando la mayor parte en pie, lo que es una burla a la legalidad. Hay que recordar que este edificio fue construido con licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Grazalema en agosto de 2005, siendo alcaldesa Mª José Lara. En octubre de ese año Ecologistas en Acción denunció los hechos al comprobar que parte del edificio se estaba construyendo sobre el cauce del Guadalete que había sido desviado, lo que provocó la paralización de las obras y el inicio de la anulación de la licencia por parte del mismo equipo de gobierno que la había concedido. La sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Jerez, de fecha 24 de octubre de 2006, falló anulando 'la licencia de construcción otorgada por decreto de la Alcaldía de Grazalema de 24 de agosto de 2005'. Por tanto la totalidad del edificio, que se encuentra a medio construir, carece de licencia de obras y debe procederse a su demolición. Además, nuestras denuncias dejaron al descubierto una trama de corrupción urbanística que llevó a la detención del arquitecto municipal y de los promotores y constructor de estas obras. Todos ellos, así como el anterior alcalde y la actual alcaldesa de Grazalema, están imputados por presuntos delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio, pago de comisiones y prevaricación".

              
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El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García, señaló el 18 de diciembre de 2010 que no se entiende "el empecinamiento y la complicidad entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Prado del Rey en sacar adelante un PGOU que ya ha sido anulado en tres ocasiones". Para este diputado, "esta complicidad resulta alarmantemente partidista y por consiguiente, inadmisible". García critica que "una vez más, los tribunales anulan procedimientos administrativos de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas, y con ésta nueva anulación hasta hemos perdido la cuenta". El parlamentario de IU afirma que "lo que resulta sorprendente es que el Gobierno de Griñán no exija responsabilidades a dicha consejería ni desde el punto de vista jurídico ni políticamente hablando". Con este "nuevo varapalo" a la Junta y al Ayuntamiento de Prado del Rey se demuestra, según el diputado, que "con trampas burdas no se puede obviar el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía); el PGOU de Prado del Rey tiene que empezar a tramitarse de nuevo en todas sus fases y cumplir las limitaciones de crecimiento establecidas por el POTA y los condicionantes de conexión entre las zonas urbanas que establece la LOUA, para evitar el surgimiento de nuevos núcleos urbanos".

              
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El Partido Popular de Cádiz ha designado a Manuel Toro Rincón como candidato a la Alcaldía de Ubrique para las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2011, según informó el PP en un comunicado difundido el 18 de diciembre de 2010. El comité electoral del PP provincial ha aprobado la propuesta realizada por el comité local de Ubrique, que se reunió esta semana para decidir quién sería el cabeza de lista de la formación para los próximos comicios municipales de 2011. Manuel Toro ha sido concejal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique en los dos últimos mandatos municipales, hasta su dimisión, en octubre de 2010. La ratificación de la candidatura se ha realizado por unanimidad y será elevada al comité electoral regional del PP de Andalucía para su aprobación definitiva. La presentación oficial de Manuel Toro como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ubrique tendrá lugar el lunes 20 de diciembre en el hotel Ocurris. Sobre el candidato, el PP informó: "Manuel Toro es técnico especialista administrativo. Le avala una trayectoria profesional de 23 años en el departamento de Administración Contable de distintas empresas privadas de Ubrique, todas ellas relacionadas con el sector de la piel".

              
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó el 25 de noviembre de 2010 una sentencia en la que anula el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) que procedió a probar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Prado del Rey, según informó el colectivo Ecologistas en Acción el 16 de diciembre de 2010. La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha fallado: "Con estimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción-Cádiz contra la resolución de la Junta de Andalucía, debemos anularla y la anulamos, dada su inadecuación al orden jurídico". Según los ecologistas, "ésta es la tercera vez que se anula el PGOU de Prado que tanto en su tramitación como en su contenido, es un compendio de ilegalidades, como repetidamente ha venido denunciando Ecologistas en Acción". El colectivo Ecologistas en Acción presentó en febrero de 2008 un recurso contencioso - administrativo contra la aprobación por la CPOTU del documento de cumplimiento y del texto refundido del PGOU de Prado del Rey. Según dicho grupo, "el acuerdo de aprobación definitiva del PGOU ya había sido anulado con anterioridad tras recurso interpuesto por un particular. No obstante su manifiesta ilegalidad, tanto el Ayuntamiento como la Junta volvieron a aprobarlo, lo que provocó de nuevo su anulación por parte del TSJA en sentencia de 25 de junio de 2009. Pero ante la evidencia de que el PGOU sería anulado por el TSJA, en vez de rectificar el PGOU y proceder a tramitarlo de nuevo, la CPOTU volvió a aprobar el mismo PGOU en diciembre de 2008, intentando maliciosamente el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía evitar un nuevo proceso de redacción y participación ciudadana en la elaboración del PGOU. El PGOU recurrido, y ahora declarado nulo de pleno derecho, lo es por refundir un texto ya anulado, que es inexistente jurídicamente, y que nunca ha producido efectos. Hay que resaltar que Ecologistas en Acción presentó numerosas alegaciones al PGOU advirtiendo que era ilegal y ambientalmente inviable. El Ayuntamiento las rechazó sin justificación de ningún tipo y ahora está pagando las consecuencias".

              
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Noventa y nueve familias de la Sierra de Cádiz han recibido de manos del delegado de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en la provincia, Pablo Lorenzo, los proyectos de obras para poder acometer mejoras en sus viviendas. Se trata de 59 vecinos del municipio de Alcalá del Valle y 40 de Puerto Serrano, que ha recogido los documentos durante el desarrollo de sendos actos en los que han estado presentes los respectivos alcaldes, Dolores Caballero y Pedro Ruiz. Además de los documentos que detallan las obras a ejecutar, los vecinos recibirán una ayuda para poder afrontar los trabajos, cuyo importe total asciende a 595.960 euros, el 50% del coste total de la intervención, que alcanza la cifra de 1.191.920 euros. La dirección técnica correrá a cargo de siete arquitectos y otros tantos arquitectos técnicos, cuyos honorarios también serán asumidos por la Junta de Andalucía. Los 59 proyectos entregados en Alcalá del Valle suponen la ejecución de obras por valor de 731.739 euros, siendo la aportación de la Junta en concepto de ayuda de 365.869,50 euros. En Puerto Serrano se han repartido 40 proyectos para obras presupuestadas en 460.181 euros. De esta cantidad, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda subvenciona 230.090 euros.

              
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La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía ha finalizado todos los trabajos en el nuevo acceso a El Santiscal en Arcos de la Frontera con la ejecución de una nueva glorieta y un nuevo ramal que mejoran sustancialmente la seguridad vial en el punto de entrada a esta barriada desde la carretera A-372. La actuación, que ha supuesto una inversión de casi un millón de euros y que está enmarcada dentro de un convenio entre Consejería y Ayuntamiento de Arcos, ha permitido eliminar un giro directo a la izquierda para los vehículos procedentes de Arcos y la nueva glorieta regula ya todos los movimientos del tráfico en este punto tradicionalmente conflictivo de las inmediaciones de la localidad.

              
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El Ayuntamiento de Grazalema difdundió el 1 de diciembre de 2010 el siguiente comunicado: "La alcaldesa de Grazalema, María José Lara, propició el encuentro mantenido el 2 de noviembre en el salón de plenos del ayuntamiento entre los empleados de la Villa Turística de Grazalema y responsables de Turismo Andaluz, respondiendo así a la petición por parte de los trabajadores de ayuda e intermediación con la Junta de Andalucía, para obtener información acerca de las causas del retraso de las actuaciones previstas en el momento del cierre de las instalaciones turísticas y el calendario de obras planteado por la Sociedad Villas Turísticas de Andalucía. En la reunión estuvieron presentes el Consejero Delegado de Turismo Andaluz Francisco Pérez y el Delegado Provincial de Turismo en Cádiz, Manuel González Piñero. Francisco Pérez explicó al conjunto de la plantilla que, Grazalema está entre las prioridades de Turismo Andaluz porque se trata de una Villa rentable económicamente, pero que debido a la coyuntura económica actual, el proyecto integral previsto que asciende a más de 3 millones de euros se va a ir afrontando por fases. La primera fase va a consistir en la remodelación del Hotel y 10 Villas, dentro de un proyecto que asciende a 600.000 euros".

              
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El Partido Popular de Villamartín, José Jaime, difundió el 30 de noviembre de 2010 el siguiente comunicado: "Ante las amenazas proferidas por el teniente de alcalde, y delegado de Seguridad Ciudadana de Villamartín, Juan Carrero, al presidente del Partido Popular en Villamartín, José Jaime, por la queja de un ciudadano publicada en el nº 19 de La Gaviota, en la sección El Pueblo Opina, este Partido Popular le responde a este aprendiz de dictador que no estamos dispuestos a tolerar ni una amenaza mas ni al presidente, ni a ningún miembro de este Partido, y, esto es mas serio, a ningún ciudadano de Villamartín que, por los datos que obran en nuestro poder, nos consta que es norma habitual en este matón del tres al cuatro, utilizar. ¿En manos de quien están los datos privados de los ciudadanos de Villamartín?, ¿Es normal que en una democracia estos datos, que son los mas privados y que mas hay que guardar, estén en manos de un personaje sin escrúpulos que los utiliza para su beneficio personal y partidario?".

              
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La parlamentaria socialista por Cádiz María Cózar ha lamentado lo que considera "demagogia" del PP al plantear el 1 de diciembre de 2010 en la Comisión de Turismo de la Cámara andaluza una proposición no de ley sobre la reforma de la Villa Turística de Grazalema. María Cózar ha dejado claro que la Villa Turística se podrá reabrir en su núcleo central a mediados del próximo año, incorporando la mayor parte de sus trabajadores. Progresivamente, y conforme se culmine la rehabilitación, se irán incorporando los restantes empleados y empleadas, según auguró. La diputada socialista ha calficado de "demagogia" y "falta de rigor" la iniciativa parlamentaria del PP, presentada por la secretaria general del PP de Cádiz, Teresa Ruiz Sillero, a la que ha recriminado "su falta de información o, lo que es peor, su empeño en sembrar dudas y alarmar a los trabajadores". Cózar ha explicado que en noviembre de 2009 se creó una sociedad mercantil denominada Red de Villas Turísticas de Andalucía, en la que la Junta no tiene la mayoría del capital. A esta sociedad se le ha cedido el uso de diez Villas Turísticas, entre ellas la de Grazalema, para su gestión durante un periodo de 42 años. Las instalaciones de Grazalema se cerraron para ejecutar obras de mejora para adaptarlas a la normativa vigente, según recordó Cózar. La sociedad Red de Villas Turísticas llegó a un acuerdo con los trabajadores para un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por un periodo de 18 meses (y no 10, como aseguraba el PP en su iniciativa parlamentaria), un plazo fijado para dar tiempo a ejecutar el proyecto de reforma.

              
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El Ayuntamiento de Puerto Serrano se plantea abandonar la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, según un comunicado difundido el 1 de diciembre de 2010. El consistorio polichero estudia formalizar su renuncia a participar en la institución "después de que los ayuntamientos controlados por el PSOE se negaran a apoyar una moción en la que se pedía la ampliación de la Educación Secundaria en Puerto Serrano". En dicho comunicado se afirma: "Todos los ayuntamientos controlados por el PSOE en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz se han negado a apoyar la propuesta del Ayuntamiento de Puerto Serrano por la que se pedía que el Instituto de Secundaria IES Vía Verde contara con Bachillerato y módulos de FP, para evitar así que los alumnos de la localidad tengan que trasladarse fuera". El alcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz, llevó esta propuesta al pleno de la entidad mancomunada con el objetivo de "recabar el máximo de apoyos posibles para que nuestro pueblo salga de la situación de marginación evidente que está sufriendo por parte de la Junta, ya que somos el único pueblo de la comarca con más de 7.000 habitantes cuyos alumnos todavía tienen que trasladarse fuera del centro para cursar estudios de secundaria". Ruiz señaló que la abstención de los ayuntamientos controlados por el PSOE "además de carecer de toda lógica, porque cualquier instalación o servicio en cualquiera de los pueblos de la comarca es un beneficio para todos, constituye una ruptura de los principios de defensa del interés general que rige la Mancomunidad".

              
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