ESPERA
La II República trajo la reforma agraria

(3577 lecturas)   
        

"Espera Obrera", pionera de los asentamientos campesinos en Andalucía

Fernando Sígler
Espera fue el pueblo pionero dentro Andalucía en el desarrollo de la Reforma Agraria. Fue en la II República cuando una sociedad campesina, dirigida por Francisco Garrido, llevó a la práctica lo que las leyes habían establecido sobre el papel. Con un proyecto imaginativo, los hombres de Espera emprendieron el cultivo colectivo de latifundios propiedad de la casa ducal de Medina de Rioseco. En aquellos años 30 culminaba un anhelo histórico.
Desde que las corrientes ilustradas del siglo XVIII atribuyeran a los desequilibrios estructurales del sector agrícola la razón del secular atraso socioeconómico del país, "el problema de la tierra" no ha dejado de constituir el telón de fondo sobre el que se ha ido tejiendo una dinámica de debate y enfrentamiento político y social con frecuencia saldado con episodios que han sembrado la tragedia en los campos andaluces.
A los intentos de forjar una clase media campesina que rompiera los moldes estamentales del Antiguo Régimen -que se tradujeron, durante el reinado de Carlos III, en el establecimiento de las llamadas colinas de Sierra Morena y Andalucía, dos de las cuales se fundaron en la Sierra de Cádiz, en los pagos de Prado del Rey y Almajar en 1768- sucedió en la centuria decimonónica el proceso de desamortización de tierras en "manos muertas", que permitió el acceso a la propiedad de representantes de una nueva burguesía agraria.
Estos fueron dos hitos en el proceso de modificación de la estructura de la propiedad de la tierra, que heredó el siglo XX sin resolver el problema derivado de la existencia de unas masas campesinas sometidas a unas condiciones de vida extremadamente precarias mientras en el otro extremo del espectro social grandes propietarios mantenían sus fincas en un grado de explotación insuficiente.
Una política de colonización interior llevada a cabo por los gobiernos del reinado de Alfonso XIII -que en la provincia de Cádiz culminó con la creación de colonias en Caulina (Jerez), Algaida (Sanlúcar) y Barrionuevo (Conil), en una superficie de 1.317 hectáreas, de las que se beneficiaron 373 familias y el reparto de 92 parcelas en una extensión de 435 hectáreas en El Palmar (Vejer)- no pasó de ser un bienintencionado aunque limitado plan de asentamientos campesinos.
Hubo que esperar hasta la instauración de un nuevo régimen democrático, la II República, para que los poderes públicos tradujeran la tradicional demanda de una reforma agraria en una ley votada en las cortes.

El Gobierno provisional nacido el 14 de abril de 1931 y el presidido por Azaña entre diciembre de ese año y septiembre de 1933 acometieron una política que de haber culminado podría haber supuesto una transformación radical de las estructuras del sector primario, las cuales estaban condicionadas por el hecho de que en una situación de paro permanente el 33% de la superficie catastrada española estaba formado por latifundios en tanto que tan sólo el 0,9% de los propietarios disponía del 42% de la riqueza rústica.
En la provincia de Cádiz, donde el paro afectaba a unos 10.600 jornaleros (de una población total superior al medio millón de habitantes), los latifundios ocupaban casi el 58% de la superficie, mientras que el 3% de los propietarios poseía el 67% de la riqueza agraria.
El Ejecutivo republicano, tras decretar medidas que alteraban el marco laboral existente (con la implantación de la jornada de ocho horas, el laboreo forzoso, los jurados mixtos y la limitación del mercado de contratación de obreros a cada término municipal), adoptó un acuerdo coyuntural para remediar la crisis de trabajo: la "intensificación de cultivos". Con esta decisión se daba un cauce legal a las ocupaciones temporales de fincas, mientras las Cortes daban el visto bueno final en septiembre de 1932, tras largos debates, a una Ley de Reforma Agraria que no por moderaba dejaba de suponer una posibilidad de modificación del sistema de vida en el campo.
Esta ley se aprobó al calor de la indignación suscitada entre los republicanos por el intento de golpe de Estado protagonizado un mes antes por el general Sanjurjo. Precisamente, como sanción política contra la "sanjurjada", el Gobierno dispuso, como medida más simbólica que efectiva, la incautación de fincas de los implicados en la misma, que en la provincia de Cádiz sólo se tradujo en la ocupación de un cortijo, "Torrecera", de 767 hectáreas, del jerezano Ángel García Riquelme.
Las propiedades de los demás implicados gaditanos en dicho intento de golpe militar (los nobles Juan Jácome, marqués de Real Tesoro, y Diego Zuleta, conde de Casares; el capitán de la Armada Luis Pereira, el presidente de la asociación patronal, Francisco Mier Terán; Juan José Palomino, concejal de derechas del Ayuntamiento de Jerez, y Luis Isasi) no se llegaron a ocupar entonces.

Cultivo colectivo en Espera
Entre las primeras zonas de España donde se aplicó la intensificación de cultivos figuraban seis cortijos de la localidad gaditana de Espera pertenecientes a la duquesa de Medina de Rioseco y que ocupaban casi el 40% del término municipal. Unos 600 jornaleros organizados en la sociedad autónoma "Espera Obrera" -que lideraba Francisco Garrido- se dispusieron a finales de 1932 a ocupar parte de estos terrenos para cultivarlos colectivamente bajo la supervisión del organismo creado para distribuir las tierras, el Instituto de Reforma Agraria (IRA). Pero la experiencia de explotación colectiva espereña quedó frustrada, en gran medida debido a errores de gestión, lo que impulsó al IRA -en 1934, ya durante el llamada Bienio Negro- a acabar con el monopolio de "Espera Obrera" y a permitir allí el cultivo individual.
El Gobierno del bienio reformista (1931-33) aún había dispuesto la ocupación de otras fincas en la provincia para la intensificación de cultivos (en total se había previsto intervenir 72 fundos de 7.644 hectáreas en 14 municipios para colocar en ellos a 2.394 obreros), pero el asentamiento de campesinos en las mismas no se llevó a cabo de una manera efectiva hasta después del triunfo del centro-derecha en las elecciones generales de noviembre de 1933.
Para que el IRA pudiera decidir qué tipo de explotaciones podrían ser expropiadas, los registradores habían ido elaborando a lo largo del año 1933 una relación con todos los predios afectados por la ley. En el registro de la provincia de Cádiz se incluyeron  8.109 fincas correspondientes a 1.766 propietarios, cifras que representaban el 8,6% de los terratenientes y el 5,2% de los predios de las once provincias latifundistas del país.
En Cádiz la mayoría de las personas teóricamente afectadas por las medidas expropiatorias eran pequeños y medianos propietarios, lo que sólo sirvió para incrementar el contingente social (especialmente entre la clase media) opuesto a la política reformista. Si a este descontento se suma la oposición de una parte de los grandes propietarios, el boicot auspiciado por la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la lentitud burocrática en la aprobación de los expedientes expropiatorios, ex explicable la sensación de frustración que embargó a las organizaciones campesinas defensoras de la legislación reformista (sociedades autónomas y las adscritas a UGT).
Sólo tras la llamada "contrarreforma agraria", aprobada por las Cortes de hegemonía conservadora y publicada en noviembre de 1935, el Gobierno del Frente Popular resultante de las elecciones de febrero de 1936 volvió a poner en vigor la originaria legislación de reforma agraria y procedió a la colocación de casi 1.300 campesinos, según cifras oficiales, en diversos predios de Arcos, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Jimena, Bornos, Setenil, Jerez, Tarifa y Castellar.
Pero cuando el Ejecutivo parecía asumir la urgencia de acometer los planes largo tiempo aplazados, la guerra civil dio un rumbo distinto a la política agraria, y los proyectos republicanos de asentamientos campesinos, pese a su moderación, quedaron reducidos a una "esperanza frustrada".