El secretario general del Partido Popular de Cádiz, Antonio Saldaña, informó el 13 de octubre de 2015 de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que «tumba los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz modificados por el PSOE e Izquierda Unida en el anterior mandato». Junto con el alcalde de Prado del Rey, José Ramón Becerra, y otros miembros populares de la Sierra, el dirigente del PP afirmó que “el TSJA da la razón a los populares” al considerar “contrarios al ordenamiento jurídico” los estatutos modificados, y agregó que la sentencia del alto tribunal pone de manifiesto que «el ente mancomunado viene funcionando con unos estatutos ilegales, por lo que tanto la constitución del mismo como los acuerdos adoptados por su junta general son nulos».
A su juicio, «es una muestra más de la oscuridad y falta de transparencia con la que los gobiernos de PSOE e IU han venido gestionando la Mancomunidad».
Saldaña ha recordado que «los nuevos estatutos de la mancomunidad entraron en vigor el 29 de abril de 2014 tras su publicación en el BOJA con un procedimiento “ilegal” y ha explicado que esta sentencia responde a un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Prado del Rey, gobernado por el PP, al considerar que se han omitido trámites esenciales al no haberse seguido el trámite de información pública y que los plenos de “todos” los ayuntamientos debían aprobar los estatutos».
El secretario general del PP de Cádiz ha afirmado que “no se ha oído a los representantes del pueblo, no se ha oído a algunos ayuntamientos”, lo que la propia Mancomunidad –según reconoce la sentencia- reconoce, con lo que no cumplió los trámites de participación pública legalmente establecidos.
Así, según el PP, «la sentencia establece en unos de sus fundamentales jurídicos que se ha producido una omisión transcendente porque la voluntad de la mancomunidad no puede formarse a espaldas de los ayuntamientos que la componen en un asunto tan principal como es la modificación de los estatutos que rigen su vida jurídica».
Saldaña lamenta que «la Mancomunidad se haya convertido en “la madriguera del PSOE e IU”, utilizando al ente en beneficio partidista y no por el bien de los municipios de la Sierra». A su juicio, “todo aquel que se une al PSOE en Cádiz y en Andalucía acaba contaminado”.
Saldaña y Becerra han exigido responsabilidades políticas a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, y la dimisión del presidente “ilegal” de la Mancomunidad, Juan Nieto, por este “atropello a la voluntad popular”
Los populares vuelven a exigir «la elaboración de una auditoría económica y una auditoría de gestión y personal del ente mancomunado».
Por último, según el PP, «esta sentencia se suma a otras dos anteriores sobre los acuerdos de representación de El Bosque y Bornos que demuestran la mala fe, las maniobras e irregularidades del PSOE al frente la Mancomunidad».