El grupo provincial de Adelante ha tachado de “injusta, insólita e inadmisible” la condena a Gaspar Corbacho, vecino de El Bosque, “por abrir una alambrada que impedía el paso en la vía pecuaria conocida como Descansadero y abrevadero de cañas”. Para Adelante, estos hechos “no pueden ser considerados ni como constitutivos de delitos ni como falta de daños, en la medida en que la intención de Gaspar no fue la de causar daños, sino la de poder ejercitar el legítimo derecho de paso por una vía pecuaria que, además está perfectamente clasificada y deslindada desde 2005 por la Junta de Andalucía, así como, denunciar e informar públicamente de la reiterada vulneración de este derecho, ante la ciudadanía y las autoridades competentes”. En un comunicado difundido el 30 de marzo de 2021, Adelante recuerda que “los hechos se remontan a primeros de junio de 2019, cuando Corbacho y el presidente de la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias de la Sierra de Cádiz, Francisco Martín, denunciaron a través de un vídeo que hicieron público, el cierre ilegal de esta vía pecuaria con una alambrada y con un candado en otra zona del mismo paraje para uso privativo por parte de los propietarios de la finca colindante”.
El comunicado añade lo siguiente:
Posteriormente y coincidiendo con el día de la Romería del pueblo, el 16 de junio de 2019, se convocó una marcha reivindicativa, dado que este tramo de vía pecuaria lleva hasta el área recreativa del Descansadero, conocida como ‘Los Cañitos’, donde desde antaño se celebra esta fiesta popular”. Durante aquel recorrido, recuerda, “la Plataforma y la concejala de Adelante El Bosque, denunciaron que desde una de las viviendas de la finca privada colindante, les lanzaron piedras y que, al encontrarse de nuevo la alambrada cerrada, llamaron a la Guardia Civil que requirió a la parte privada que la dejaran abierta”. Así las cosas, “entendemos que lo que hizo Gaspar Corbacho abriendo esta alambrada fue restablecer el derecho del paso por un descansadero que forma parte del patrimonio cultural e histórico de El Bosque y que, a pesar de estar protegido por la ley como dominio público de uso recreativo, ha sido vulnerado por estos particulares que lo cerraron con una alambrada, sin la autorización de la Junta de Andalucía, titular de dicho bien”.
Para Adelante, “nos parece insólita esta sentencia porque es el propio Corbacho el que avisa a la Guardia Civil con la intención de que se pueda seguir usando este camino”, por lo que “nos parece inadmisible que, ante la palpable inacción de las autoridades competentes para proteger y conservar el patrimonio público, sean los ciudadanos los que tengan que hacer este tipo de denuncias y que, además, se les condene”. En este sentido, Adelante ha insistido en que “las personas que defienden el medio ambiente y el territorio en primera línea de batalla, como es el caso de Corbacho, están haciendo todo lo posible por salvar el poco patrimonio natural que nos queda, a costa de poner en riesgo su libertad”. Así, ha recordado el montaje que sufrió el ecologista Juan Clavero, al que llegaron a colocar cocaína en su furgoneta durante una de estas marchas reivindicativas convocadas desde esta Plataforma Ciudadana para defender el territorio público de la Sierra de Cádiz. Por ello, “estas personas merecen todo nuestro respeto y admiración y exigimos al Ministerio Fiscal y a los jueces que hagan un examen profundo de todo el fondo del conflicto, antes de dictar sentencias que chocan totalmente con la defensa de los intereses generales y, en este caso, con la protección del patrimonio natural público.
Desde Adelante, denuncian que durante años, se han venido realizando en El Bosque, toda una serie de intervenciones urbanísticas ilegales en vías pecuarias y otros terrenos no urbanizables, que han costado sanciones que ha pagado el Ayuntamiento con el dinero público de las arcas municipales. Paralelamente, son numerosas las denuncias puestas por Corbacho para que investiguen y delimiten las responsabilidades, se restituyan a su estado general todos los terrenos públicos afectados por estas ocupaciones y que paguen de su patrimonio las autoridades que las hayan cometido, ya sea por acción, omisión, dolo, culpa o negligencia grave.
Precisamente, “en el caso de este Descansadero constan varias denuncias por edificaciones ilegales y, en lugar de atender a estos hechos, condenan a la persona que ha denunciado la imposibilidad de transitar por una vía pública, con un informe del Seprona –incluido en el atestado de la Guardia Civil- que acredita que la alambrada abierta por Corbacho coincide con el dominio público y que la parte privada se comprometió ante la Guardia Civil el 16 de junio de 2019 a poner una angarilla en la alambrada para no impedir el paso”. Aun así, “la denunciante intentó inscribir en el Registro de la Propiedad de Ubrique los terrenos como suyos, meses después de todo esto”.I ntento que paralizó Adelante El Bosque y Ecologistas en Acción con un recurso que fue admitido por la registradora al considerar “el riesgo de invasión de parte del dominio público”.
Por todo ello, “lamentamos profundamente que con este tipo de sentencias, desde el Ministerio Fiscal y el propio Juzgado de Ubrique, lejos de velar por la protección de las vías pecuarias y otros bienes de dominio público y de la propia ciudadanía que defiende su derecho a disfrutar de éstos, se dé un espaldarazo a todas esas leyes y se contribuya a la alteración, ocupación, desprotección pérdida o destrucción de estos bienes públicos”. Con estas prácticas, “lejos de invitar a ciertos particulares desaprensivos a tomar conciencia y respetar lo púbico, se les anima a seguir invadiendo y cerrando todos esos bienes, como si fueran de su propiedad, y con total impunidad, condenando encima a la ciudadanía que hace uso legítimo del derecho al paso.