El diputado de Izquireda Unida Cádiz en el grupo Adelante, Hugo Palomares, defenderá en el Pleno de la Diputación de Cádiz de la próxima semana una moción en la que muestra la oposición de IU y del grupo Adelante al anuncio realizado por el Gobierno estatal sobre la posibilidad de instalar copago en las autovías y autopistas del país. Concretamente, la moción registrada insta al Ministerio de Transporte y al Gobierno de España a “excluir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la propuesta referenciada sobre la implantación en toda la red estatal de carreteras de un sistema de peaje de aplicación directa al usuario”. El texto que defiende Hugo Palomares, que es también alcalde de Bornos, insta a Transporte y al Gobierno español a que, “en aras de una transición ecológica justa e inclusiva que respete a los colectivos más vulnerables, haga una apuesta clara por un medio de transporte colectivo eficaz y eficiente, con infraestructuras suficientes y a un precio asequible, como auténtica alternativa real al uso del vehículo privado en los desplazamientos de los usuarios”.
En la exposición de motivos, Palomares recuerda que la “AP-4 es la única vía rápida que une las provincias de Cádiz y Sevilla”, que “la concesión administrativa para su construcción, conservación y mantenimiento fue concedida en 1969, habiendo sido prorrogada por los gobiernos de Felipe González (1993) y de José María Aznar (2006), hasta que finalizó el 31 de diciembre de 2019. Un total de 50 años de concesión que a buen seguro han dado para pagar y amortizar con creces el coste de la construcción y conservación de dicha autopista”. Destaca el dirigente provincial que, “a lo largo de esos años, han sido muchas las veces en las que IU, junto a otras formaciones políticas, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores y otros colectivos sociales, no sólo hemos presentado iniciativas al Congreso de los Diputados, sino que nos hemos manifestado a pie de carretera en pro de la liberación del peaje. A veces, incluso con la bochornosa participación de aquellos que, mientras defendían el fin del peaje en nuestra provincia, luego votaban en contra en Madrid”.
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Apunta el diputado de IU que la aplicación del peaje que durante 50 años tuvo que soportar esta autopista, “que no paró de incrementar sus tarifas durante sus últimos años de vigencia a pesar de la amplia reducción de la intensidad de tráfico diario experimentada (21%), ha supuesto un gran lastre para el desarrollo socio económico de nuestra provincia”. Asimismo, indica que la alternativa a esta vía de alta capacidad, la N-IV, sigue siendo “una carretera nacional convencional de dos carriles cuya capacidad se encuentra más que agotada debido a la alta intensidad de tráfico que ya soporta, y cuyo uso por parte del transporte pesado –para eludir el peaje hasta 2019- no ha hecho sino poner en riesgo la seguridad de los conductores”.
En este sentido, entiende el diputado y responsable de Política Institucional de IU Cádiz que, “apenas un año y medio después de que se liberase el peaje de la autopista Sevilla-Jerez, la inclusión de una propuesta para extender el sistema de peaje a toda la red estatal de carreteras en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno central a Bruselas, no puede sino calificarse como una puñalada a la capacidad de recuperación económica de nuestra provincia” y apunta que “tal y como dejó claro nuestro coordinador provincial, Fernando Macías, lo último que necesita esta provincia en estos momentos, cuando aún sufrimos los efectos de la cuarta ola de la pandemia, cuando aún se está viendo cómo superar la terrible crisis que nos ha dejado la Covid-19 y cuando ni siquiera se tiene claro cómo van a transcurrir los próximos meses, es la posibilidad de que se instalen peajes en las autovías y autopistas de todo el país”.
Añade que, “si bien se puede estar de acuerdo con el principio comunitario de quien contamina paga que usa el Ejecutivo para argumentar la propuesta, entendemos que es imprescindible conciliar una implantación justa y proporcionada”, al entender que, “sin duda, tal y como está planteada por el Gobierno, nos encontramos ante una medida que no discrimina y trata a toda la ciudadanía por igual”. “Se trata –argumenta Palomares-, de un copago encubierto de los servicios públicos sin que se tenga en cuenta los niveles de renta ni la capacidad económica de los usuarios, obligándolos a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de sus impuestos, algo que en ámbitos como el de la sanidad o la educación sería políticamente inasumible”.
Finalmente, considera “curioso” que el debate sobre los peajes y su financiación coincida con “la reclamación por parte de Abertis al Estado más de 3.000 millones por la caída del tráfico de la AP-7 durante la pandemia, hecho que viene a corroborar aquellas opiniones que tienen claro que las concesiones sólo producen beneficios a las empresas adjudicatarias, ya que, en caso de pérdidas, éstas son asumidas por el Estado”.