El colectivo Ecologistas en Acción denunció el 7 de marzo de 2012 “la usurpación de suelo público por un particular, propiedad de la anterior Agencia Andaluza del Agua, consentida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en terreno de servicio de paso existente en la margen izquierda del acueducto del canal de riegos del pantano de Bornos en Pago Romeral de Arcos de la Frontera”. Según los ecologistas, “el servicio de paso al igual que la carretera de servicio del canal es utilizado para el acceso a sus fincas por todos los vecinos de la zona, ya que además este servicio de paso entronca con el camino rural de titularidad municipal Hijuela de Mascaharina”. Según dicho grupo, “la usurpación parcial de dicho servicio de paso se ha llevado a cabo mediante la colocación de una alambrada de espinos, una caseta de madera, un poste de conducción eléctrica, una portada y un vallado de tunas (chumberas), por lo que los demás usuarios del citado camino se han visto perjudicados seriamente. El camino usurpado es de unos 50 metros”.
En un comunicado, los ecologistas añaden: “Algunos de los vecinos afectados ha denunciado en diversas ocasiones este hecho no recibiendo una respuesta satisfactoria de la administración, por lo que los ecologistas dirigieron hace más de dos meses una denuncia a la Delegada Provincial de Medio Ambiente, solicitando la reposición de lo usurpado, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
Para los ecologistas es evidente la falta de voluntad de la administración provincial por resolver este problema de fácil solución y así cumplir la Ley. Señalan que puede existir una presunta “dejación de funciones”, lo que facilita que un terreno público sea usurpado por un particular y esperan que de inmediato el terreno quede libre”.
Terminan su comunicado recordando que “existen caminos rurales y vías pecuarias ocupadas ilegalmente o construcciones fuera de la Ley en Arcos, como ya han denunciado en diversas ocasiones, y que las administraciones permanecen en muchos casos inactivas, lo que hace que otras personas se animen a incumplir la Ley, mientras una mayoría de personas cumplen con la Ley y pagan sus impuestos, lo que supone una clara discriminación y un deterioro del entorno”.