El colectivo Ecologistas en Acción difundió el 20 de junio de 2012 un comunicado en el que explica que el martes día 19 se celebró una reunión entre algunos de los afectados por el ruido en la Barriada El Santiscal, que serán apoyados en sus denuncias por la Federación de Asociaciones Vecinales de Arcos, el Defensor de la Ciudadanía y Ecologistas en Acción. Según los ecologistas, “es triste comprobar la permisividad del ayuntamiento en esta contaminación acústica que sufren muchas personas, dando licencias sin comprobar que los locales cumplen las condiciones a las que la normativa obliga, permitiéndose discotecas al aire libre, dentro del casco urbano, como en la zona residencial cercana al Residencial Lago de Arcos, centro para personas mayores que tienen que soportar ruidos dañinos para su salud, no pudiendo gozar los fines de semana de la tranquilidad que merecen”.
El comunicado añade: “La legislación obliga al aislamiento acústico de discotecas o establecimientos con música o bien que se ubiquen en zonas muy alejadas de la población para que no sean una actividad molesta. Los ecologistas animan a los afectados a unirse en una plataforma, protestar y llegar lo antes posible a la vía judicial, presentando informes médicos, técnicos, mediciones fieles del ruido, denuncias administrativas o ante la policía local…, con objeto de que sirvan como pruebas. Nuestros jueces ya están tomando conciencia y las sentencias contra alcaldes y empresas cada día son más”.
Los ecologistas añaden que “el derecho al descanso es prioritario al derecho a la diversión, por lo que las autoridades locales, cuando consienten una contaminación acústica contra sus vecinos y vecinas, pueden ser acusadas en la vía judicial de presuntos delitos contra la salud, la inviolabilidad de domicilio, contra el medio ambiente e incluso del delito de prevaricación”.
Por último, los ecologistas señalaron que “las sanciones administrativas contra el ruido dependen más de la presión que se ejerza que de la gravedad del hecho denunciado. Sin embargo, las denuncias por la vía judicial necesitan pruebas de todo tipo y dependerán de la ilegalidad del hecho denunciado. Los ayuntamientos, si no ven una presión externa que les obliga a actuar, suelen permanecer pasivos ante estas denuncias”.