El Ayuntamiento de Puerto Serrano denunciará ante los sindicatos “la vuelta a la esclavitud que algunos empresarios están imponiendo en la campaña agrícola del verdeo”. El Consistorio ha tenido noticia, a través de varios vecinos, de que “distintos empresarios de la comarca, así como de localidades cercanas de la provincia de Sevilla, imponen condiciones infrahumanas a los jornaleros aprovechando la necesidad de un empleo que se impone en el sector agrícola”, según expresaron fuentes municipales. El alcalde en funciones de la localidad, Francisco Javier Gómez, se ofrece a intermediar con los sindicatos “para que no se paguen sueldos de miseria a los trabajadores y encima se les amenace con ponerlos en la calle si protestan o denuncian la situación públicamente”.
En un comunicado difundido el 14 de octubre de 2012, la alcaldía expresa: “Antonio D. M, 38 años, padre de dos hijos, albañil. Tras la crisis de la construcción, Antonio regresó al Régimen Agrario, porque el escaso trabajo que aún quedaba en la Costa del Sol se pagaba a sueldos “que impedían que nos saliera mínimamente rentable, después de pagar gasolina y alojamiento”. De vuelta al campo, Antonio se encuentra con una situación “lamentable” que, en el caso de la campaña del verdeo de la aceituna -actualmente en marcha en toda Andalucía- se ha vuelto directamente insostenible.
Antonio es uno de los tantos vecinos que en las últimas semanas han informado al Ayuntamiento de Puerto Serrano acerca de la peligrosísima dinámica de “explotación y semiesclavitud” que se está instalando en la campaña del verdeo, motivo por el que el alcalde en funciones del pueblo, Francisco Javier Gómez, se ha ofrecido a intermediar con los sindicatos, “tratando los casos particulares de forma anónima si así lo requieren ellos mismos, ya que hay mucho miedo en las familias a que se tomen represalias y no vuelvan a llamarlos para el tajo”.
Gómez explica que “el hecho de que haya miles de jornaleros necesitados de trabajo en la Sierra de Cádiz, algunos del Régimen Agrario de toda la vida y otros ex trabajadores de la construcción reincorporados por necesidad, ha dado pie a algunos empresarios de la comarca y de otras comarcas vecinas, incluso de las provincias de Sevilla y Málaga, a rebajar los sueldos al nivel de los años 70”.
Por ejemplo, según los testimonios recopilados por el Ayuntamiento, actualmente se está llegando a pagar la mitad de lo que se solía pagar hace unos años por cada “canasta de aceitunas recolectadas”. Hay empresarios que están ofreciendo “tres euros” o “tres euros y medio” por canasta. Teniendo en cuenta que el tope de canastas posibles recolectadas por jornal ronda las 25 por pareja, “el sueldo que se está llevando un trabajador después de todo el día recolectando aceitunas en el campo es de 37 euros”, del que hay que descontar la gasolina del traslado a la finca, con lo que el total por campaña raramente superará, “con mucha suerte”, los 600 euros. A veces, las fincas se encuentran a dos y tres horas distancia de la población (Sevilla, Málaga), “con lo que los elevados costes del gasoil contribuyen a dejar el sueldo en una miseria”.
“A todo ello”, explica Gómez, “no podemos olvidar que se trata de 37 euros al jornal por ejercer uno de los trabajos de peonaje agrícola más duros que hay”. “No todo el mundo alcanza el tope, así que hay trabajadores a los que les quedan libres 20 euros después de nueve o diez horas en el campo”.
El teniente de alcalde también quiso denunciar la “cobardía y falta de vergüenza” de esos empresarios que advierten “el primer día” que “las condiciones son innegociables, no hay convenio que valga, ni sindicatos”, y que “en caso de que un sindicalista pise el campo, se despedirá en bloque a todos los trabajadores, tengan o no algo que ver con el tema”. Esos empresarios advierten “que hay muchas cuadrillas en paro”, amenazan con avisar “a trabajadores extranjeros que, según ellos, lo harían por un plato de comida”, e incluso se excusan en que “la recolecta del verdeo es un favor que se hace a los trabajadores, porque en el fondo no les resulta rentable”.
Para Gómez, “la situación se parece sospechosamente a los años duros del Franquismo, donde el señorito imponía sus condiciones y directamente no había trabajo para quienes denunciaban los abusos”. El teniente de alcalde insiste en que la desvergüenza por parte de estos empresarios “nos está conduciendo de nuevo al caciquismo”: “Chantajean a los jornaleros aprovechándose de su necesidad, aduciendo los bajos precios y culpando a la crisis, seguros de que el miedo hará que se salgan con la suya, y más en un momento en el que el Partido Popular ha tirado por tierra todos los convenios o el más mínimo sentido de la protección de los derechos laborales”.
Finalmente, Gómez recalcó que las puertas del Ayuntamiento están y seguirán estando abiertas a todos los trabajadores que consideren necesario denunciar la situación, ya que será el propio Ayuntamiento quien actúe como parte en caso de que los jornaleros tengan miedo de represalias, intermediando con los sindicatos o yendo directamente a judicatura para frenar este despropósito”.
Comunicado de UGT
Por su parte, el sindicato UGT difundió el 15 de octubre de 2012 el siguiente comunicado: “La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT Cádiz ha solicitado hoy al alcalde de Puerto Serrano “máxima colaboración” en el caso de los trabajadores del campo que están siendo sometidos a “condiciones infrahumanas” por empresarios agrícolas “piratas”. La federación ugetista se ha puesto hoy mismo en contacto con el primer edil para requerirle la información que tenga y completar así la denuncia que el próximo 22 de octubre interpondrá la UGT ante la Fiscalía por esta causa.
De hecho FITAG-UGT ya informó el pasado mes de septiembre a la Inspección de Trabajo, la Guardia Civil y a responsables de la Junta y administraciones locales de las “tropelías” que estaban cometiendo contra los trabajadores del campo.
En este sentido, la secretaria general de FITAG-UGT, Francisca Romero, ha recordado que el responsable regional del sector Agrícola de FITAG-UGT, Emilio Terrón, denunció el pasado 27 de septiembre en rueda de prensa que “los empresarios de Sevilla y de esta zona obligaban a trabajar a destajo, mientras que pagaban las cajas o espuertas a tres o tres euros y medio”, por lo que la jornada laboral no superaba los 30 euros. Informaba además de que los empresarios no daban de alta a los trabajadores a la Seguridad Social, y tan sólo lo hacían con aquellos que reunían la cantidad de 350 kilos de aceitunas. Por todo ello, desde la federación regional de FITAG-UGT hacían un llamamiento a todas las administraciones para que pusieran los medios para evitar estas anomalías.
En esta línea, Romero solicita a los alcaldes serranos toda la información posible para acompañarla al proceso judicial que ya ha iniciado la UGT. “Sabemos que hay mucha gente que tiene miedo pero si ellos como responsables tienen acceso a información más directa, la demanda será mucho más efectiva”, concluyó”.