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La formación ecologista Equo ha valorado negativamente la decisión tomada por parte del gobierno municipal de Arcos de la Frontera sobre la concesión de la gestión del agua a una empresa privada, “que prevé subir la tarifa un 35%”.

En un comunicado difundido el 18 de diciembre de 2012, Equo expresó que “no entiende aún la incomprensible decisión, por parte del gobierno de PP-Aipro, de conceder la gestión del agua a Aqualia, una empresa que subirá la tarifa hasta un 35%. Desde EQUO Arcos recuerdan que el agua es un recurso básico, un derecho, por lo que la gestión de la misma debería ser pública, ya que es más barata y eficaz. Según el portavoz de EQUO Arcos, Rafael Ángel Gil: “La concesión se debe más a intereses económicos, que al interés general de los y las arcenses”.
La mejor manera de garantizar el acceso ciudadano a un bien esencial, es gestionándolo desde el propio ayuntamiento o desde la mancomunidad, y no una empresa privada que sólo velará por sus beneficios económicos. Desde EQUO Arcos, explican que los intereses que maneja el gobierno municipal y Aqualia están claros, no es la eficacia en la gestión, sino una necesidad de financiación. En Arcos, como en otras ciudades de nuestro alrededor, se otorga la concesión de los servicios, el agua sigue siendo pública, pero la gestión es adjudicada a una empresa privada que paga al Ayuntamiento una cantidad de dinero, en este caso 12 millones de euros de canon, a cambio de la concesión. Este canon millonario, en vez de ser utilizado para mejorar y cambiar las deficientes infraestructuras hidráulicas, se dedicará para aliviar las arcas municipales, teniendo como efecto colateral, la subida de la tarifa del agua, que para el Ayuntamiento pasa a ser un detalle sin importancia. Aqualia, para abonar el canon concesional, recurrirá al crédito, que seguramente obtendrá, gracias al aval de las tarifas de los 20 años que durará la concesión. El agua, es un refugio financiero y son los arcenses quienes pagarán este crédito con intereses.
El modelo de gestión privada es muy costoso para el ciudadano, que verá cómo se eleva su tarifa, tampoco será sostenible medioambientalmente, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio, y supone una pérdida del control por parte del Ayuntamiento.
Según Rafael Ángel Gil: “En Equo creemos que en época de crisis no se puede hacer negocios con bienes esenciales, y menos a costa de los ciudadanos, sino que hay que apostar por lo seguro. El dinero rápido hoy, nos saldrá caro mañana”.
Y añade: “El valor de este patrimonio hídrico, no debería intercambiarse por dinero. Es importante mantener el derecho a defender nuestro patrimonio y a controlar el agua que bebemos”, apostilló”.

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