La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha exigido al alcalde de Arcos, José Luis Núñez, la misma contundencia que su compañero de filas el popular José Manuel Sánchez Arroyo, alcalde de Oropesa, en Toledo, que ha anunciado su dimisión si se consuma el cierre parcial del Parador de su localidad. García ha mostrado el rechazo del PSOE de Cádiz al plan de reestructuración que el Gobierno ha decidido aplicar porque “pretenden ir desmantelando paradores poniendo en duda su viabilidad y abonando el terreno a la privatización”.
En un comunicado difundido el 17 de diciembre de 2012, el PSOE expresó: “El plan supone la extinción de 644 empleos en toda la red, un ERE que afecta a la totalidad de la plantilla y plantea cierres temporales y totales en alguno de los 94 paradores repartidos por la geografía española. En lo que respecta a la provincia, el Parador de Arcos tiene una plantilla de 26 trabajadores fijos, de los cuales cuatro serían despedidos y los otros 22 quedarían como fijos discontinuos, ya que el parador permanecería cerrado cinco meses al año. En Cádiz, de una plantilla de 72 trabajadores, los despidos en el Hotel Atlántico afectan, de momento, a 8 personas.
García ha explicado que se ha producido una reunión con los trabajadores de los Paradores de Arcos y Cádiz, que tuvo lugar el pasado viernes y ha anunciado una ofensiva de iniciativas a todos los niveles. Así, mañana se presenta en el Congreso una Proposición No de Ley por cada uno de los Paradores afectados en la provincia. También se realizará una pregunta en la sesión de control del Senado. El miércoles también se formulará otra pregunta al Ministro de Industria, Energía y Turismo en la sesión de control del Congreso. Posteriormente, seguirán mociones al Pleno de la Diputación y de los Ayuntamientos de Cádiz, Arcos y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra.
La secretaria general ha subrayado el impacto que el ERE en Paradores tendrá sobre la primera industria de esta provincia que es la turística que nos reporta miles de puestos de trabajo, directos e indirectos. “Si, a la crisis generalizada, le sumamos medidas como la subida del IVA al sector, no mejorar las infraestructuras de la provincia, empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, desaprovechar oportunidades para la atracción de nuevos visitantes como el tesoro de las Mercedes, el declive del aeropuerto, la desidia absoluta de la Diputación o, como en este caso, el cierre de establecimientos hoteleros, estamos conduciendo a la provincia a la ruina absoluta, de forma que los 207.000 desempleados pueden verse incrementados espectacularmente”, ha avanzado.
Irene García ha lamentado, en otro orden de asuntos, “el nuevo atraco al bolsillo de los gaditanos que se materializa a partir de hoy con el cobro las nuevas tasas judiciales”. García ha advertido de que “recurrir a la Justicia no es un capricho como piensa el Gobierno que pretende que una persona pague 1.200 euros por presentar un recurso de suplicación o por un recurso de tasación” y asegura que en realidad, “se lo van a poner muy difícil a los españoles para reclamar o defenderse y muy fácil a los que practican abusos”.
La dirigente socialista ha destacado que en la provincia se han puesto de acuerdo todos los profesionales que operan con la Justicia excepto José Blas Fernández, senador del PP, que difícilmente puede compatibilizar su cargo de presidente del Colegio de Graduados Sociales en España porque vota en el
enado contra la opinión generalizada del colectivo al que representa.
“Desgraciadamente, estamos ante una evidencia más del modelo de sociedad del Partido Popular: ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda” ha señalado y acto seguido ha lamentado que “con las nuevas tasas judiciales, la Ley ya no es igual para todos, esta es una ley para ricos y no es una ley para pobres, no es una ley para la inmensa mayoría de la sociedad”.
La secretaria general ha explicado el trabajo parlamentario que el PSOE está desarrollando en el Congreso presentando iniciativas para que queden exentos colectivos como consumidores y usuarios, víctimas de violencia de género, inmigrantes, trabajadores en el orden social, víctimas de siniestros de tráficos y sus familiares, o quienes recurran sanciones derivadas de tráfico y circulación, personas en situación de dependencia, reclamaciones de responsabilidad civil por daños personales y en concreto, por negligencias médicas, procesos en reclamaciones a entidades de crédito y seguros y procesos de separación y divorcio. Y en este punto ha anunciado que “en los próximos días, nos reuniremos con los colectivos de afectados para elaborar un texto que recoja sus inquietudes y que llevaremos ante el Tribunal Constitucional”.
Otro asunto que los socialistas llevarán al Constitucional será la congelación de las pensiones. Irene García ha reiterado la voluntad del PSOE de “colaborar con los pensionistas que deseen reclamar la parte de la paga que les quita el Gobierno de Rajoy”. “Y es que en una provincia con más de 207.000 parados, los pensionistas son en la mayoría de los casos el único sustento de un gran número de familias de nuestro país, por lo que la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas pone en peligro no solo a ellos, sino a un gran número de personas que dependen de ellos”, ha dicho.
La secretaria general ha continuado su comparecencia ante los medios realizando un análisis del impacto en la provincia de la encuesta del IESA que explica “el nerviosismo y sofoco del PP y que le haya llevado a la ofensa personal durante estos días”. Al respecto, García ha indicado que ofrece “datos muy clarificadores, muy positivos para el PSOE en la provincia” ya que si hubiese elecciones andaluzas la horquilla de diputados del PSOE subiría mientras que la del PP bajaría a seis-cinco escaños. Y si se tratase de comicios municipales, también ganaría el PSOE en la provincia, ha precisado García, con la consiguiente recuperación del Gobierno de la Diputación provincial, algo a su entender, “lógico tras la parálisis del Gobierno municipal y los nuevos engaños como los que vivimos la semana pasada cuando se vendió como anticipos extraordinarios a los ayuntamientos el dinero de los contribuyentes que les corresponde por el trabajo delegado que hace el servicio de recaudación provincial”.
García ha mostrado, no obstante, su preocupación por lo que piensan los ciudadanos respecto al sistema democrático pero subraya al mismo tiempo que “la media en porcentaje haría que no solo recuperáramos lo perdido, sino que la encuesta refleja que los ciudadanos se han dado cuenta del abandono que ha supuesto para esta provincial el Gobierno de Rajoy con decisiones que iba a tomar y jamás tomó”.
“Hay otra gran evidencia y es que mientras el PSOE de Cadiz ha cambiado, el PP vuelve a la rutina con el mismo presidente de las derrotas absolutas, que vuelve a seguir en la misma senda de enturbiar y crispar, algo que aleja a la ciudadanía y donde jamás van a encontrar al PSOE”. “Se ha producido un cambio muy importante que manifiesta una nueva confianza ciudadana en el PSOE y sobre todo, no llegamos a entender que, si tanto nos subestiman, si piensan que los cargos nos vienen tan grandes, porque aparece tanta crispación y tanto ataque personal ante la falta de argumentos políticos”, ha señalado.
Por último, la secretaria general expresó su preocupación por la debilidad del sector pesquero ante lo que ha pedido al Gobierno español y al ministro gaditano que se plante ante la Unión Europea si sabe que las previsiones no son buenas, que no tire la toalla antes de tiempo, y sea combatiente y peleón para lograr mejores condiciones y cerrar acuerdos que beneficien a los pescadores españoles. García ha pedido la prórroga de las ayudas ante la ausencia de convenio con Marruecos y sobre el boquerón, ha criticado la medida por “llegar tarde y mal y ser un nuevo engaño ese anuncio a bombo y platillo de ampliación de las toneladas cuando sabe que no va a tener un rendimiento positivo”, según dijo”.