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Publicado en Sierra, Villaluenga del Rosario

Moscoso, diputado provincial y alcalde de Villaluenga, dice que la Diputación prepara el terreno para desmantelar las políticas sociales

El portavoz adjunto del Grupo Socialista de la Diputación y alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, ha alertado de la “posibilidad más que evidente de que el gobierno provincial del Partido Popular esté tratando de crear el clima propicio para llevar a cabo un desmantelamiento de las políticas sociales, para acometer un despido de personal e incluso para ceder la gestión de las residencias públicas a la iniciativa privada, extremos todos ellos que no vamos a consentir”.

En un comunicado difundido el 17 de enero de 2013, el grupo socialistaa de la Diputación expresa: “Alfonso Moscoso ha destacado que “el presidente Loaiza ya ha lanzado en varias ocasiones el globo sonda de las dificultades económicas como un grave inconveniente para seguir desarrollando unas políticas sociales que fueron modélicas durante la etapa de gestión socialista. Y mucho nos tememos que en el fondo de sus argumentos esté una voluntad de aplicar en la provincia el mismo modelo que su partido viene desarrollando en otras partes de España, caracterizado por el desmantelamiento del Estado del Bienestar, el abandono de los trabajadores que prestan estos servicios y la entrega de ese potencial a manos privadas”.
“El PP tiene la estrategia de escudarse en la coyuntura, en las dificultades de tesorería y en la herencia recibida para seguir cercenando los derechos sociales que tantos años nos han costado construir. Así lo está intentando en todas las instituciones en las que gobierna”, ha dicho Moscoso, para añadir que “la auténtica intención del presidente Loaiza y de su equipo es convertir una crisis económica en una crisis social. Y los socialistas tenemos muy claro que no podemos consentir que esas tesis se impongan, porque sería tanto como abandonar a su suerte a aquellas personas que más necesitan la protección de lo público”.
Tras las “amenazas más o menos veladas” acerca de un riesgo de despidos de trabajadores dedicados a la atención a la dependencia, el portavoz adjunto ve “una estrategia de ir presentando un panorama cada vez más negro para, al final, ofrecer las medidas más drásticas como las únicas viables”.
En este contexto, se he referido también al “evidente riesgo” de que la finalidad última del Gobierno provincial del PP sea “la privatización de las residencias de ancianos de la Diputación, con lo que se seguiría la senda ya iniciada en otras partes de España tanto en políticas sociales como en sanidad, materias en las que se está llevando a cabo una entrega de lo público a la iniciativa privada en un intento de convertir los derechos de todos en el negocio de unos pocos”, añadió”.

Peones camineros
Por otra parte, el portavoz adjunto del Grupo Socialista de la Diputación, Alfonso Moscoso, ha denunciado el “estado de abandono” al que el Gobierno provincial del PP está sometiendo a las brigadas de peones camineros que realizan trabajos de acondicionamiento y mejora en la red viaria de titularidad supramunicipal; y ha destacado que esa actitud pone de manifiesto “un lamentable desprecio de este colectivo que desarrolla una labor enormemente importante”.
En concreto, Alfonso Moscoso ha denunciado que dos de las cuatro brigadas de peones camineros de la provincia (con sedes en Vejer, Jerez, Algeciras y Algodonales) carecen de un vehículo para el traslado de estos trabajadores hasta los lugares donde deben realizar las obras, “lo que, según nos han trasladado los propios afectados, les obliga a hacer uso de sus vehículos particulares para realizar esos desplazamientos”. Esta situación afecta en la actualidad a las brigadas de Jerez y Vejer, que se han visto privadas del uso de la furgoneta que venían utilizando de manera cotidiana.
Según la denuncia de la que se ha hecho eco el Grupo Socialista, la brigada con sede en Vejer lleva ya varios meses sin furgoneta para esos traslados hacia los tajos, debido a una avería mecánica cuya reparación no ha sido autorizada por la vicepresidenta Mercedes Colombo. Esta carencia se está supliendo gracias a que los propios trabajadores están poniendo sus turismos a disposición de ese cometido, si bien “es una obligación de la propia Diputación facilitar los medios de desplazamiento adecuados. Por tanto, la supresión de ese servicio dice muy poco de la consideración que el Gobierno del PP tiene de este colectivo de empleados”.
A esta circunstancia se ha añadido más recientemente que otra de las brigadas, concretamente la de Jerez, ya ha cubierto del orden de un mes sin que se haya podido afrontar una simple labor de mantenimiento como es el cambio de dos cubiertas de sus ruedas. A tenor de la denuncia trasladada al Grupo Socialista, también en este caso la demora tiene como única justificación la falta de visto bueno a esa reparación por parte de la vicepresidenta de la Diputación.
Por todo ello, Alfonso Moscoso se ha preguntado “si el supuesto ejemplo de austeridad que el PP dice que está dando al frente de la Diputación en todo lo relativo al parque móvil de la Corporación y del que tan orgullosa está la señora Colombo se está realizado a costa de perjudicar a los trabajadores que precisan de un medio adecuado para sus desplazamientos hasta el lugar efectivo de desarrollo de su labor, a los que se está obligando a utilizar sus propios automóviles y a afrontar el desgaste y la eventual avería de los mismos”.
El portavoz adjunto socialista ha destacado el “importante papel que vienen desarrollando las brigadas de peones camineros de la Diputación, en un contexto especialmente difícil para su trabajo como consecuencia de la reducción del esfuerzo inversor que viene caracterizando la gestión del PP en la Corporación provincial respecto a la anterior etapa socialista”. Finalmente, ha señalado que “los rectores del PP parecen no saber distinguir entre el lógico rigor en el gasto público y la necesidad de afrontar tanto las inversiones precisas para el mantenimiento de los servicios públicos como los desembolsos imprescindibles para garantizar las mínimas condiciones de trabajo a los empleados públicos, que con episodios como este se están viendo poco menos que abandonados a su suerte”.

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