El secretario general del Partido Popular de Cádiz, Antonio Saldaña, el portavoz del grupo popular en la Junta General de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, José Luis Núñez, el portavoz de servicios jurídicos del PP, Juan José Ortiz, así como los dirigentes populares de la comarca mancomunados, han presentado una carta en el registro de la Mancomunidad de la Sierra en la que solicitan a su presidenta, Dolores Caballero, de IU, que “disuelva el pleno constituyente de la Mancomunidad por ser contrario a Derecho y porque se constituyó de manera ilegal”. El PP señaló que “una sentencia del Juzgado de lo Contecioso nº1 de Jerez así lo ha dicho al declarar nulo el acuerdo plenario de Bornos donde se designó al socialista Juan Sevillano representante de la localidad en el ente supramunicipal”.
En un comunicado difundido el 6 de marzo de 2013, el PP expresó: “Saldaña ha asegurado que la Justicia le ha dado la razón a los servicios jurídicos del PP en lo referente a la designación del representante de Bornos en la Mancomunidad serrana y que por tanto deriva en que el pleno constituyente de la misma es nulo y no se ha hecho de forma legítima.
Todo esto pone de manifiesto las artimañas que el frente social-comunista de PSOE e IU han realizado para tapar a toda costa la mala gestión socialista al frente de la Mancomunidad en la etapa anterior, sentencia Saldaña.
El dirigente popular ha recordado los hechos que motivaron la denuncia del PP y ha explicado que el 30 de junio de 2011 el pleno del Ayuntamiento de Bornos designa al dirigente popular Fernando García representante de dicho ayuntamiento en la Junta General de la Mancomunidad de la Sierra.
Asimismo, el 1 de enero de 2012, el alcalde de Bornos, el socialista Juan Sevillano, que ya había sido apartado de la política durante un tiempo, convoca mediante mensaje de móvil un pleno extraordinario para el día 2 de enero.
El día 2 de enero se celebra el pleno en Bornos donde se designa como nuevo representante de la localidad en la Mancomunidad al propio alcalde Juan Sevillano.
Un día después, recuerda Saldaña, el 3 de enero queda constituida la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz (MMSC) donde es elegida presidenta del ente Dolores Caballero de IU, con los votos a favor de su grupo y del PSOE.
Ante esto, los servicios jurídicos del PP, a petición del propio Fernando García, automáticamente ponen esto en conocimiento de la Justicia. Seis meses después, el 28 de junio de 2012, la Justicia emite un auto, el auto 207/12 del Contencioso nº1 de Jerez por el cual se decía que se adoptaran las medidas cautelares y se suspendiera el acto por el cual se había designado a Juan Sevillano representante de Bornos en la MMSC.
Pero en vez de acatar el auto, asevera el dirigente popular, lo que hacen es, con fecha 19 de julio de 2012 se convoca un nuevo pleno en contra de la suspensión del acto que había marcado el auto del Juez.
Ese procedimiento ha continuado y, recientemente, el 13 de febrero de 2013 se ha recibido la sentencia que dice textualmente que ese acto es nulo y que por tanto, no se había designado de manera correcta al representante de Bornos en la Mancomunidad.
Es por ello, por lo que el PP de Cádiz, junto a sus representantes en la Mancomunidad de la Sierra y el representante de los servicios jurídicos del PP han presentado hoy en el registro de este ente supramunicipal un carta solicitando a la presidenta del mismo que actúe en consecuencia con lo que dice la Ley y disuelva el pleno de constitución de la MMSC.
Todo ello con independencia de todas las consecuencias jurídicas que se puedan derivar por todos los acuerdos que se han adoptado desde esta constitución, ha apostillado el dirigente popular.
Entendemos que PSOE e IU tienen que actuar en consecuencia y conforme a lo que dice la sentencia. Del mismo modo, esperamos que nuestra carta tenga respuesta, en caso contrario solicitaremos la ejecución de la sentencia y además los servicios jurídicos del PP pondrán en conocimiento de la Justicia la omisión de responsabilidades y por tanto un posible delito de desobediencia por no acatar ese auto del Juez que pone de manifiesto que había que adoptar como medida cautelar la suspensión de ese acto”.