El Tribunal Supremo dictó en julio de 2015 una sentencia por la que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba el decreto de la Junta de Andalucía 15/2011 de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos. Este decreto fue recurrido por Ecologistas en Acción y la Sociedad Española de Ornitología (SEO), dictando el TSJA sendas sentencias, una anulando parcialmente el decreto y la otra anulándolo en su totalidad, según informó el colectivo Ecologistas en Acción en un comunicao difundido el 4 de septiembre de 2015. La Junta recurrió pero el Tribunal Supremo desestimó el recurso del Gobierno andaluz.
El comunicado añade: “Ecologistas en Acción exigió a la Junta de Andalucía que renunciara a recurrir el Decreto y dejara de aplicarlo al ser manifiestamente ilegal, pero la Junta interpuso un recurso de casación contra las sentencias del TSJA, que el Supremo ha terminado por desestimar a instancia de la SEO.
Este Decreto provocó una gran polémica, pues aunque los máximos responsables de la entonces Consejería de Medio Ambiente (ahora Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio-CMAOT) aseguraron que su objetivo era agilizar los trámites administrativos en los parques naturales, en realidad lo que se pretendía era fomentar el urbanismo especulativo en estos espacios protegidos. El Decreto incluía varias normas manifiestamente ilegales: daba prevalencia a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sobre las propias normas de protección de los parques naturales -Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG)-, facultaba a la CMA a modificar los PORN y PRUG para “adecuarlos” a los planes urbanísticos y a modificar los límites de los parques naturales de forma arbitraria. Este Decreto contó con un informe muy crítico de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y con una dura Resolución del Defensor del Pueblo, que advertía de su ilegalidad y de las nefastas consecuencias que podría tener en los parques naturales.
Pero los máximos responsables de la CMA, y en especial el entonces consejero Jose Juan Díaz Trillo, siguieron adelante con una absoluta prepotencia y desprecio a la legalidad. Su sustituta, Mª Jesús Serrano -ahora parlamentaria andaluza-, mantuvo la aplicación del Decreto ilegal, recurriendo las sentencias contrarias del TSJA.
La estrategia jurídica de la Consejería no ha podido ser más lamentable, intentando que no se admitieran a trámite los recursos aduciendo que ni Ecologistas en Acción ni la SEO están legitimados para presentar un recurso sobre la gestión de los parques naturales, cosa que, lógicamente, el TSJA y el TS han desestimado, en lo que supone un duro varapalo para la política de la Junta de boicotear todo tipo de participación social en la gestión del medio ambiente, presentándose como única legitimada para adoptar decisiones, aunque éstas sean ilegales.
Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por estas sentencias que vienen a dar la razón a los que advertimos que este decretazo era manifiestamente ilegal y que sólo pretendía, en plena crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, fomentar el urbanismo salvaje en los parques naturales. Sorprendentemente, nadie ha asumido responsabilidades políticas por este revés jurídico y político, ni por haber aprobado un decreto que se habría convertido en un arma en manos de especuladores urbanísticos y ayuntamientos corruptos, con gravísimas consecuencias en los 24 parques naturales andaluces. De no ser por la firme oposición de las organizaciones ecologistas, que fue muy criticada por los responsables de la CMA con todo tipo de descalificaciones, este despropósito se habría consumado. A estas alturas no deja de ser un contrasentido que los ciudadanos tengamos que asumir los costes de los recursos judiciales contra normas ilegales de la Junta, y los de la propia Junta, cuando deberían ser los responsables de estos decretos ilegales –los dos consejeros mencionados y los dos últimos presidentes de la Junta-, los que respondieran del coste de estos procesos.
Ecologistas en Acción censura el silencio de la CMAOT ante estas sentencias, y el hecho de que sigan aplicando un Decreto declarado nulo por el TSJA y el TS, y pide al nuevo consejero –Jose Gregorio Fiscal- un compromiso público de que dejará de aplicarse de forma inmediata este decreto ilegal, y que renuncia definitivamente a modificar las normas legales de los parques naturales para favorecer el urbanismo especulativo”.