El Partido Socialista y el Partido Popular de Bornos presentaron una moción conjunta en el pleno municipal del 15 de marzo de 2012 para apoyar las reivindicaciones de la asociación “SOS Bebés robados Cádiz”. La moción recoge que “desde hace bastante tiempo se están haciendo públicos los casos de bebes robados en hospitales públicos y privados en toda España. El objetivo de esta asociación es saber la verdad y denunciar la supuesta trama de compra-venta de recién nacidos que existió en nuestra provincia. A nivel general estiman que unos 300.000 niños fueron robados en toda España y vienen comprobando que actualmente continúa existiendo una gran cantidad de hijos que buscan a sus padres verdaderos. Unas prácticas que se llevaron a cabo entre los años 50 y hasta bien entrados el año 2000. En Bornos existe una familia que reclama el supuesto robo de uno de sus familiares al nacer”.
La moción añade: “El pasado 11 de febrero de 2012 “SOS Bebes Robados Cádiz” junto con vecinos del municipio reivindicaron el cese de los archivos de expedientes por parte de órganos judiciales y que se investiguen las denuncias de las familias que sospechan que sus hijos no murieron en realidad.
Por todo ello, ambos partidos se unen para manifestar ante al Ministerio de Justicia el apoyo del Ayuntamiento de Bornos a las reivindicaciones de la asociación SOS Bebes robados Cádiz, a la vez que solicita al Ministerio el cese de los archivos de expediente por parte de los órganos judiciales y que se investigue las denuncias de familias que sus hijos no murieron en realidad”.
Moción sobre la reforma laboral
Por otra parte,
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bornos presentó en el pleno municipal del 15 de marzo de 2012 una moción para instar al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo al actual decreto Ley 3-1012 (reforma del mercado laboral). El PSOE considera que este proyecto alternativo debería ser “pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo”.
En un comunicado, el equipo de gobierno dice: “El equipo de gobierno considera que las disposiciones contenidas en este real decreto de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores ya que consideran que La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa mejore su competitividad con lo cual traerá más paro: en un momento de recesión como el que vivimos una reforma laboral como esta, sólo sirve para facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación. Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de ajustes, de triple ajuste. Ajuste presupuestario, ajuste de rentas de trabajo, (subida del IRPF) y ajuste de los derechos de los trabajadores.
También piensan que la reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante tres trimestres de los ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten), abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo. Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de un acuerdo simplemente por razones de competitividad o productividad. Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos pero que en la práctica no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando finalicen las bonificaciones. Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta a un millón de empleados públicos, porque no sólo incumbe a quienes trabajan en las empresas públicas sino también al personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios.
La reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado por en los convenios (descuelgues). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios similar, pero más fácil, que la que se puede usar para el despido por causas económicas. Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo (ERE) con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales”.
En definitiva la reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que si va a suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social.
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias, deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del producto interior bruto que a su vez supondrá más desempleo. La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con el ello el aumento del desempleo. Es injusta porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en los trabajadores”.