El pleno declara Olvera ‘sitio desnuclearizado’ y ‘libre de industrias contaminantes’

El Pleno del Ayuntamiento de Olvera ha declarado el municipio “sitio desnuclearizado” y “ciudad libre de industrias contaminantes”. Este acuerdo fue tomado por unanimidad, a propuesta del concejal de Medio Ambiente, Jacobo Camarero (IU), quien hizo “una encendida defensa de la promoción de las fuentes de energía alternativas” y “atacó duramente las posiciones del denominado lobby del átomo, que persiste en el empeño de demostrar lo indemostrable: el carácter presuntamente limpio de la industria ligada a la fisión nuclear”. El edil izquierdista quiso dejar constancia de que “no sólo hay que tener en cuenta los posibles accidentes de las centrales, sino que, además, su funcionamiento cotidiano envenena la atmósfera y las aguas superficiales, suponiendo un serio riesgo para la salud”. Camarero añadió: “Es, más que un riesgo, un hecho comprobado; lo que ocurre es que el poder fáctico nuclear presiona para que no se realicen estudios epidemiológicos de alcance, mantiene en nómina a políticos corruptos y se aprovecha frecuentemente de la ignorancia y la desesperación de la ciudadanía, que acepta asumir riesgos a cambio de un puñado de puestos de trabajo y supuestas ventajas sociales”.

Asistentes al pleno del Ayuntamiento de Olvera celebrado el 31 de enero de 2013.
Asistentes al pleno del Ayuntamiento de Olvera celebrado el 31 de enero de 2013.

En un comunicado difundido el 7 de febrero de 2013, el Ayuntamiento informó: “El concejal de la formación de izquierdas se refirió también al resto de industrias y actividades contaminantes desde el punto de vista acústico y lumínico, así como las emisoras de partículas físicas y compuestos químicos. “No las queremos”, sentenció, añadiendo que “la dignidad de los pueblos está por encima del puñado de euros con el que la gran industria compra voluntades, como recientemente ha ocurrido en Yebra o como hizo en Córdoba Cosmos- Cimpor (premio Atila 2012), entre otros muchos casos”.
Para finalizar, Jacobo Camarero señaló que blindó la propuesta con la imposición del “principio de precaución”, que obliga a demostrar fehacientemente la inocuidad de las actividades que propongan las empresas antes de obtener la autorización para instalarse en el municipio”.

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