El PSOE cree que el plan de viabilidad para el Ayuntamiento de Prado del Rey es ‘un nuevo caso de sectarismo del PP’

El portavoz adjunto del Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz, Alfonso Moscoso, ha exigido al Partido Popular que «abandone de una vez el sectarismo y comience a gestionar en beneficio de todos los municipios, independientemente del color político de los mismos». Moscoso se refirió al acuerdo alcanzado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el Ayuntamiento de Prado del Rey para poner en marcha un plan de viabilidad económica para el referido Consistorio, del que ha dicho que es «la gota que colma el vaso de la paciencia de muchos alcaldes y alcaldesas que no son del PP y que ven en él un nuevo agravio comparativo en el que ha vuelto a tomar parte el Gobierno provincial».

En un comunicado difundido el 7 de febrero de 2013, el PSOE señaló: «Lógicamente, nos alegramos de una buena noticia como es que un ayuntamiento, en este caso el de Prado del Rey, haya conseguido una fórmula para mejorar su situación económica. Pero eso no es incompatible con denunciar que esta solución individual supone un trato discriminatorio para otros muchos municipios que se encuentran en igual o peor situación y que, al contrario que este, no están gestionados por el PP, dijo Moscoso. Por ello, Alfonso Moscoso ha exigido conocer “qué papel ha desempeñado el Gobierno provincial del PP en este asunto, porque podríamos estar asistiendo a un clarísimo ejemplo de trato de favor a una institución como el Ayuntamiento de Prado del Rey por la única razón de que comparten un mismo color político”.
El portavoz adjunto ha destacado que “frente a esa actuación, desde el Grupo Socialista de Diputación venimos defendiendo la necesidad de tratar de forma igualitaria a todos los municipios, independientemente del color político de sus gobiernos locales, porque la solución de los poblemas de los consistorios redundará en la mejora del bienestar de sus vecinos y vecinas. Todo lo demás es un ejercicio de sectarismo que no solo penaliza a los ayuntamientos como instituciones sino que además perjudica los intereses de la ciudadanía”.
Moscoso, diputado provincial por la comarca de la Sierra, ha señalado que “en esta parte de la provincia hay un gran número de municipios que están padeciendo una situación económica mucho peor que la que atraviesa el Ayuntamiento de Prado del Rey. Los alcaldes y alcaldesas de la zona están cansados de repetirlo y de clamar por una solución que no les llega, ante la absoluta falta de implicación de la Diputación para corregir sus problemas estructurales. Y ahora, encima, deben asistir a que desde el PP se venda este acuerdo particular y claramente discriminatorio alcanzado con la complicidad del Gobierno provincial”.
El portavoz adjunto del Grupo Socialista ha destacado que “alcaldesas como la de Algar, o alcaldes como los de Villamartín y Puerto Serrano, tres localidades gestionadas por tres formaciones políticas diferentes, están enfrentándose día a día a unos enormes problemas para hacer frente a sus obligaciones más perentorias, en unas localidades en las que los ayuntamientos tienen gran importancia como dinamizadores de la vida socioeconómica”. “La situación de estos tres consistorios, por ejemplo, es mucho más preocupante que la que ha merecido la atención y el compromiso del ministro de Hacienda. Y esa discriminación, en la que el Gobierno provincial del PP ha desempeñado un papel esencial, tiene como única razón que esos tres alcaldes no comparten las siglas políticas del señor Loaiza”, ha señalado.
Alfonso Moscoso ha concluido diciendo que cualquier actuación destinada al apoyo económico de nuestros ayuntamientos que no se base en estrictos criterios de igualdad de trato se convierte automáticamente en una discriminación, en un momento en que tanto los pequeños municipios como otros de mayor tamaño como La Línea, Barbate o Los Barrios están padeciendo problemas para el pago de las nóminas de los trabajadores o deudas con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública. Y esa igualdad en la naturaleza y gravedad de los problemas obliga a una igualdad también en las soluciones».

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