Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz ha denunciado ante el Ayuntamiento de Grazalema y la dirección del Parque Natural Sierra de Grazalema el cierre del camino del Quejigalillo por el propietario de la finca Las Albarradas, según informó dicho colectivo en un comunicado difundido el 16 de enero de 2026. Los ecologistas expresaron: «Es lamentable que se sigan cerrando y usurpando caminos públicos en este parque natural ante la inacción de las administraciones responsables de garantizar su uso por la ciudadanía».
Este colectivo añadió: «Los caminos públicos son las vías de comunicación que se han utilizado tradicionalmente para transitar personas, caballerías y mercancías entre los pueblos y núcleos de población rural, configurado un patrimonio natural, etnológico e histórico de un enorme valor y trascendencia. Los caminos públicos son de titularidad municipal, pero el hecho de que la mayoría de los ayuntamientos, incluido el de Grazalema, no tenga aprobado ni inscrito en el registro de la propiedad el inventario de caminos públicos dificulta la defensa de esos bienes de dominio público y facilita su cierre y usurpación por los propietarios de las fincas por los que discurren.
La legislación sobre la titularidad municipal de los caminos públicos es clara, así como la obligación de las Entidades Locales a formar un inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos e inscribirlos en el Registro de la Propiedad. Se pueden citar el Código Civil, la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto legislativo 781/1986, la Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la Ley 32/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Esta misma legislación determina que las Entidades Locales están obligadas a ejercitar las acciones e interponer los recursos, de cualquier carácter, que sean precisos y procedentes para la adecuada defensa de sus bienes y derechos.
Pues bien, esta inacción municipal incentiva a propietarios privados a apropiarse de los caminos públicos. Tras los casos no resueltos de cierre y apropiación de los caminos públicos del Puerto de Boyar al Salto del Cabrero y de Benamahoma a Zahara, ahora la propiedad de la finca Las Albarradas ha cerrado el camino público del Quejigalillo, que discurre entre el puerto del Boyar y el pueblo de Benaocaz a través del puerto de Las Presillas. Este mismo propietario es el que mantiene cerrado el camino público del Puerto de Boyar al Salto del Cabrero. Este propietario ha instalado unos carteles en la cancela instalada ilegalmente indicando falsamente que se trata de un camino “particular” y advirtiendo a las personas que recorren este camino del peligro por “actividad cinegética”.
Hay que destacar que la Ley 2/2003 de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía determina que los caminos públicos son zonas de seguridad en los que “deben adoptarse medidas precautorias especiales, con el objeto de garantizar la integridad física y la esfera de libertad de las personas y sus bienes, quedando prohibido con carácter general el uso de armas de fuego, así como el disparo en dirección a las mismas…”. Por tanto, la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, que autoriza los cotos de caza, debe garantizar que no se cace cerca de los caminos públicos para garantizar la seguridad de sus usuarios, lo que evidentemente no se hace. Por tanto, esa señalización es innecesaria e ilegal y sólo pretende atemorizar y disuadir a las personas para que no transiten por ese camino.
Este camino está incluido en el Inventario de Caminos Públicos de Grazalema que se terminó en 2019, financiado por la Diputación, y que incluye a 61 caminos. Desde entonces el ayuntamiento de Grazalema tiene paralizada su aprobación, incumpliendo sus obligaciones legales y favoreciendo su cierre y usurpación».
Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz exige al ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que se retire la cancela y los carteles amenazantes, y se garantice el tránsito público por este camino histórico.
Así mismo, exigimos al ayuntamiento de Grazalema que apruebe el Inventario de Caminos Públicos e inscriba los 61 caminos del término municipal en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, blindándolos así de cierres y usurpaciones.
